El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunido en Washington D.C. reunido el 15 de junio pasado condeno la ola represiva que lleva adelante el régimen nicaragüense encabezado por Daniel Ortega y exigió la liberación de los “presos políticos”.
26 países miembros del Consejo Permanente votaron a favor de la resolución que condena al régimen que domina Nicaragua, 3 los hicieron en contra y hubo 5 abstenciones.
Los países que votaron a favor de la resolución de la OEA que condena al gobierno de Nicaragua son: El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Costa Rica.
En contra votaron Nicaragua, San Vicente y las Granadina y Bolivia. Y se abstuvieron Honduras, México, Argentina, Belice y Dominica.
La resolución aparte de pedir la liberación de los presos por motivos políticos pide que se establezcan las condiciones para realizar “elecciones libres y justas” de acuerdo con normas internaciones (con la presencia de observadores internacionales y regionales) l próximo 7 de junio.
También se señala la “grave preocupación” por que el gobierno de Nicaragua no haya cumplido con el pedido de mayor de este para implementar reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios del 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.
El representante de Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA califico a la declaración como una intervención en los asuntos internos de su país y la rechazo.
Por su parte la embajadora de Costa Rica, Samy Araya Rojas, se manifestó en forma muy crítica sobre los sucesos en Nicaragua. Araya dijo: “A menos de cinco meses para elegir a un nuevo presidente, debemos unirnos para demandar a las autoridades nicaragüenses la liberación inmediata de los presos políticos, de los líderes políticos y sociales, garantizando su seguridad, sus derechos políticos, y su integridad física”. Araya exigió “terminar el asedio, intimidación, persecución, allanamientos, maltratos, y abusos” por parte del régimen de Ortega. “Exigimos el respeto a sus obligaciones internacionales, y en particular en materia de derechos humanos”, concluyo la embajadora de Costa Rica.
EE.UU. por medio de su embajador Carlos Trujillo declaró que era “impensable” la posibilidad de celebrar “elecciones libres y justas en esta atmósfera” de persecución y represión. “El régimen no sólo arresta a líderes políticos y candidatos opositores, también a líderes del sector privado y de organizaciones sociales (…) Se les ha impedido visitas y el derecho a su defensa; algunos requieren medicación, o padecen alguna enfermedad”, afirmo Trujillo
Gustavo Tarré Briceño, embajador venezolano del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA sostuvo una opinión que gana terreno en el ámbito internacional y regional. “La realidad de Nicaragua se parece mucho a la realidad venezolana. Los atropellos indicados en la resolución existen de igual manera, o aún en mayor medida, en Venezuela. Deben condenarse en cualquier momento, y bajo cualquier circunstancia”, indico Tarré Briceño
Argentina y México fueron los dos países más importantes que se abstuvieron de condenar la situación en Nicaragua, quedando su postura aislada del resto de los países democráticos del continente. Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA leyó un comunicado conjunto firmado por Argentina y México
En el mismo Argentina y México si bien se muestran preocupados por lo que sucede en Nicaragua y la detención de dirigentes políticos opositores afirman que no están de acuerdo “con los países que dejan de lado el principio de no intervención de los asuntos internos, tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
“Estamos convencidos que esta situación será superada por las y los nicaragüense, resguardando las garantías constitucionales y el pleno respeto de los derechos humanos”, culmina diciendo el documento argentino-mexicano.
Por su parte Luis Almagro, secretario general de la OEA, mostró su satisfacción por la resolución del Consejo Permanente “por constituir un avance respecto a la situación en Nicaragua”. Almagro dijo que “acciones para silenciar a la prensa y a los dirigentes opositores se ha vuelta una normalidad en el país”. Pidió al régimen encabezado por Daniel Ortega a “poner fin al hostigamiento” y a cumplir con las recomendaciones de “acompañamiento internacional” para garantizar un proceso electoral “libre, justo y transparente”. En tanto la presión de EE. UU sobre el gobierno de Daniel Ortega según los pedidos de Senadores tanto demócratas como republicanos al presidente Joe Biden como las declaraciones de la subsecretaria interina para Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, parecen indicar que irá en aumento.
