Bolivia atraviesa una crisis política y social de extrema gravedad. La Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe expresa su más profunda preocupación ante los hechos que amenazan la estabilidad democrática de esta nación hermana, y llama a su defensa sin vacilaciones.
El gobierno del presidente Rodrigo Paz heredó una situación económica e institucional devastada: años de violación del estado de derecho, reservas agotadas, inflación desbocada y una institucionalidad republicana seriamente deteriorada. Nadie puede esperar que estas heridas se curen en pocos meses. Es comprensible el malestar que sienten amplios sectores de la población ante las medidas de ajuste. Sin embargo, una cosa es la legítima protesta ciudadana y otra muy distinta es la acción deliberada de quienes buscan derrocar a un gobierno elegido democráticamente.
Lo que ocurre hoy en Bolivia va mucho más allá de manifestaciones aisladas. Los bloqueos de carreteras y las protestas han dejado varados a miles de camiones, provocado pérdidas económicas estimadas en decenas de millones de dólares diarios, generado escasez de alimentos y suministros en La Paz, y dificultado el abastecimiento de oxígeno y otros insumos médicos. Diversos informes indican además que algunas muertes podrían haber estado relacionadas con retrasos en el acceso a atención médica debido a los bloqueos. La gravedad de la situación ha abierto un intenso debate sobre los límites entre la protesta social, la presión política y la estabilidad institucional.
Es preocupante la posición del expresidente Evo Morales en la desestabilización. Su llamado a marchar sobre La Paz para exigir la renuncia del presidente Paz no es una expresión de liderazgo responsable, sino una maniobra que antepone sus intereses personales—incluidas graves causas judiciales pendientes en su contra—al bienestar del pueblo boliviano, que es quien más sufre las consecuencias de este caos.
Apoyamos la posición expresada por una amplia mayoría de los gobiernos del continente: cualquier intento de remover al presidente Rodrigo Paz por medios no constitucionales constituye una amenaza directa a la democracia en América Latina. El llamado del gobierno boliviano al diálogo merece una respuesta genuina, no la imposición de condiciones bajo amenaza de violencia.
La Misión Presidencial Latinoamericana y del Caribe llama a todos los actores políticos y sociales de
Bolivia a una reflexión urgente: la única vía legítima para expresar el desacuerdo con un gobierno es la pacífica y legal. Quienes opten por la violencia y la desestabilización deben enfrentar las consecuencias que la ley establece. La democracia no se defiende por sí sola; se defiende con el compromiso activo de quienes la valoran.