En detallado informe el diario El País de Madrid señala que la misión de Naciones Unidas enviada a Venezuela concluyó que en ese país las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido “violaciones sistemáticas de los derechos humanos” y acusa directamente como responsable al presidente Nicolas Maduro y otras figuras de su régimen.
Un año después de haberse constituido, la Misión Internacional Independiente que envió la ONU para determinar la situación de los derechos humanos en Venezuela presentó ayer miércoles en Bruselas un informe que, que, por primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno Venezuela.
Un extenso reporte, de 443 páginas, califica los delitos cometidos por el régimen que gobierna Venezuela como de lesa humanidad y señala directamente como responsables de los mismos al presidente, Nicolás Maduro; a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, y a los jefes de los servicios de inteligencia, además de otros 45 funcionarios del régimen venezolano.
El informe dice que “la Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión al presentarlo.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó la abogada portuguesa Valiñas
Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
También la misión independiente califica que el repertorio de violaciones señaladas entra en la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscalía de CPI inició en febrero de 2018 el examen preliminar de una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela que, de constituirse, sería la primera contra un país de América Latina.
El documento emite 65 recomendaciones a Venezuela y a la comunidad internacional. Exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los gobernantes y funcionarios venezolanos señalados en el informe y pide al Consejo de Derechos de la ONU continuar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en dicho país.
La misión de la ONU no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las solicitudes de ingreso. El documento se basa entonces en 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios y funcionarias del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, informes confidenciales y expedientes a los que tuvo acceso. (BASADO EN EL INFORME DEL DIARIO “EL PAIS” DE MADRID)
