El jueves 26 de agosto el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC) denunció que la acción del gobierno de Luis Arce de postergar el cambio de la justicia a fin de dar garantías a su independencia era una muestra de un rechazo a los fundamentos de la democracia y un acto de deshonestidad.
La denuncia de Mesa se originó en las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, “quien afirmó que no hay fecha para que la justicia sea independiente” y en la actitud del expresidente Evo Morales de cuestionar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El sábado 28 las principales organizaciones políticas y cívicas opositoras de Bolivia: Comunidad Ciudadana, Creemos, Comité Cívico pro Santa Cruz y Conade dieron a conocer una declaración conjunta titulada “Posición Conjunta para el cumplimiento del informe GIEI-CIDH; Sin Justicia Independientes y Transparente no hay Democracia ni Libertad”
En la misma se acusa al gobierno de Arce de no destituir al fiscal general, tratar de seguir impidiendo el establecimiento de una justicia independientes y con eso impedir la investigación de las violaciones a los DD. HH en 2019 y encubriendo el fraude electoral que fraguo Evo Morales y el partido oficialista, Movimiento al Socialismo (MAS).
La declaración culmina afirmando “la justicia solo puede existir en democracia. Es tiempo de desterrar el discurso de odio, venganza y fanatismo”. /Ver texto de la declaración:
