La decisión de los ministros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elegidos el 1 de mayo por la mayoría absoluta que cuentan los partidarios del presidente Nayib Bukele en el Congreso, que modifico un fallo anterior de 2014 y habilitó la reelección presidencial inmediata produjo reacciones en contra a nivel nacional, regional e internacionales calificándola como una violación a la separación de poderes propia de un Estado de Derecho.
Aunque Bukele no ha manifestado una inclinación hacia la izquierda sigue la línea de tratar de mantenerse en el poder más allá de uno o dos períodos como lo hicieron Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Daniel Ortega o Evo Morales que si tenían o tienen una clara identificación con la izquierda y la instalación de dictaduras en sus países.
La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilita permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”. Con esta decisión se le abre el camino para que el actual presidente Bukele, que cuenta con un gran apoyo popular, busque su reelección en 2024.
Los miembros del TSE dijeron en du dictamen que la decisión de 2014 es “errónea” y que la Constitución salvadoreña permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.
Esta decisión desato una ola de críticas de expresidente de la región que habitualmente han sido críticos con los gobiernos dictatoriales de izquierda, por organizaciones de Derechos Humanos americanas, por organismos de la ONU, entre otros.
Los observadores y analistas de medios académicos y medios de comunicación aprecian que Bukele es una muestra más de la crisis de la democracia republicana en el continente y la inclinación de las sociedades a soluciones autoritarias y populistas a cuyo frente hay un caudillo, en lo que se denomina un “cesarismo”.
Pero también la puesta en marcha este martes pasado de la ley que permite la circulación del bitcoin como moneda de pago en El Salvador, junto a dólar (El Salvador al igual que Ecuador esta dolarizado) hace de este país el primero a nivel mundial que toma esta decisión. La decisión es rechazada – según las encuestas -por un 60% de la población. En el gobierno salvadoreña se dice que es lógico un temor inicial a una medida tan audaz.
El gobierno de El Salvador tiene entre una de sus razones para tomar esta decisión como una medida para eliminar el pago de comisiones por el envío de remesas desde Estados Unidos, que sostienen la economía salvadoreña. En 2020 las remesas alcanzaron los 5.918,6 millones de dólares. En el primer trimestre de este año las remesas alcanzaron los 1.700 millones. Este dinero significa un 25% del ingreso de las familias salvadoreñas. Según el gobierno se pierden 400 millones de dólares en comisiones por el envío de estas remesas. La ley bitcoins dice que “el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América en adelante dólar, será establecido libremente por el mercado”.
